La investigación fue realizada por el naciente Grupo contra la Impunidad (GIC) en una operación denominada “Destape a la corrupción”
En esta foto de archivo del 1 de junio de 2009 se ve a Tony Saca en su último día como presidente de El Salvador. Saca fue arrestado el domingo 30 de octubre de 2016 y acusado de peculado y otros delitos.
SAN SALVADOR. La fiscalía salvadoreña acusó este lunes al detenido expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores de haber desviado 246 millones de dólares, parte de los cuales fueron cobrados en efectivo.
“Hay un monto general de 246 millones (de dólares) que fueron desviados a una gran cantidad de cuentas particulares a favor de unos imputados”, declaró el fiscal general, Douglas Meléndez, en conferencia de prensa.
“Hemos determinado que por lo menos 116 millones fueron cobrados en efectivo; de las cuentas del Estado fueron remitidas a cuentas particulares de empleados de casa presidencial y posteriormente fueron remitidas a cuentas de empresas”, agregó.
La investigación fue realizada por el naciente Grupo contra la Impunidad (GIC) en una operación denominada “Destape a la corrupción”, dijo Meléndez.
Como parte de las indagaciones, este lunes comenzó el allanamiento de negocios vinculados a un primo del expresidente Saca.
El fiscal denunció haber sentido “las presiones” por la apertura de una investigación contra el expresidente Saca, pero advirtió que “no vamos a retroceder y vamos a continuar ejerciendo nuestras facultades”.
“Hago un llamado a la población honrada a que defienda a su fiscalía” ante “presiones de cualquier tipo”, dijo Meléndez. AFP
La Fiscalía salvadoreña se juega credibilidad
La credibilidad de la Fiscalía salvadoreña estará en juego cuando la “robustez” de la investigación contra el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) y otros exfuncionarios, acusados de corrupción, llegue a los tribunales, aseguró a Efe el analista político Roberto Cañas.
“Si esto termina en que quedan en libertad condicional y no hay recuperación del fondo de 18 millones de dólares que se persigue, lo que va a quedar en entredicho es la credibilidad del Ministerio Público para terminar bien una investigación”, aseguró.
Según Cañas, político, economista y educador de izquierdas pero alejado de la antigua guerrilla del FMLN, “hay tendencia” a que a los exfuncionarios investigados por casos de corrupción reciban beneficios de libertad condicional o arresto domiciliario.
Añadió que, en el caso de Saca, la defensa está “acumulando elementos” para comprobar el “arraigo” para solicitar al juez “la libertad con medidas sustitutivas”.
“El juez dictamina a partir de las pruebas y si la investigación no es robusta, quien tiene el problema es la Fiscalía porque presenta casos que no tienen fuerza en términos de la calidad de la prueba y hacen que al final de cuentas los dejen en libertad y camino a la impunidad”, reflexionó.
Para Cañas la detención de Saca y la investigación penal contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actualmente asilado en Nicaragua, “es un fenómeno inédito en la vida salvadoreña” porque “generalmente se pensaba que los expresidentes eran intocables”.
“Históricamente en El Salvador, la Fiscalía era una parte del Ministerio Público que investigaba las cosas que le interesaban al órgano Ejecutivo y dejaba de investigar otras”, aseguró.
Funes es investigado penalmente en El Salvador por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por el Supremo por el incremento injustificado de su patrimonio en más de 700.000 dólares.
Junto a Saca están detenidos en los calabozos de la Policía los exsecretarios de Juventud César Funes, de Comunicaciones Julio Rank y el ex secretario privado Elmer Charlaix.
También Pablo Gómez, Francisco Rodríguez y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca”, y aún empleados de la Presidencia, de acuerdo a la Fiscalía.
Una investigación de la Sección de Probidad del Supremo salvadoreño reveló que supuestamente Saca utilizó sus planes de seguridad como fachada para malversar unos 20 millones de dólares, con la emisión de cheques para terceros, incluido el exmandatario.
A nombre de Saca fueron emitidos más de 15 millones de dólares, otros 497.406 para Rank y 45.000 para César Funes.
A mediados de octubre, la Corte Suprema ordenó la apertura de un juicio civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de 18,7 millones de dólares.
Cañas señaló que estos procesos no pueden considerarse todavía como una “primavera” contra la corrupción salvadoreña.
“El problema es que no se terminan los procesos judiciales cómo debe de ser, no pasan a una investigación más profunda, la primavera sería que los 18 millones que se indica que Charlaix se apropió se devolvieran al Fondo General de la Nación” porque hasta hoy es “un verano reseco que está esperando una lluvia más fuerte”, ironizó.
Saca, quien gobernó bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de donde fue expulsado en el 2010 para posteriormente crear el partido de centro derecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), también afronta un juicio civil por no poder justificar más de 4 millones de dólares de su patrimonio.
No es la primera vez que Arena se ve salpicado por este tipo de casos. Según la Fiscalía, el partido recibió 10 millones de dólares del difunto expresidente Francisco Flores (1999-2004), que supuestamente desvió donaciones taiwanesas y por lo que afrontó un proceso penal.
Flores, fallecido en febrero de este año, fue el primer expresidente de El Salvador procesado por corrupción por supuestamente desviar 10 millones de dólares y desviar otros 10 hacia una cuenta de Arena. EF
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