Miembros del Ejército cargan boletas electorales en un camión.
MANAGUA. La pobreza y el desempleo son los retos para el gobierno que surja el domingo en Nicaragua, país que sigue sumido en la pobreza y donde Daniel Ortega, aspirante a la reelección, se ha aprovechado en los últimos años de altos precios de las materias primas y la millonaria cooperación venezolana.
Pese a un crecimiento del producto interno bruto (PIB) del 5 % en promedio en el último lustro, Nicaragua sigue siendo el país más pobre del hemisferio, solo superado por Haití, con datos oficiales que indican que 4 de cada 10 nicaragüenses viven en situación de pobreza y cerca de 2 en pobreza extrema.
La laureada estabilidad económica de la Nicaragua gobernada por Ortega desde 2007 se explica por la inversión en materia social, financiada con la cooperación de una multimillonaria Venezuela favorecida con unos elevados precios petroleros que ahora son historia, y la alianza del Gobierno con el sector privado y sindicatos y Gobierno.
Ortega, de 71 años y líder indiscutible del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), llega favorito a los comicios del domingo con más del 66 % de las preferencias según la única firma que ha difundido sondeos en el país, M&R Consultores, respaldado por los programas sociales que se financian con la ayuda venezolana.
“Ningún otro Gobierno en la historia de Nicaragua antes había gozado de ese tipo de flujo de dinero, sin condiciones, y que no tenía necesidad de presentarse en los presupuestos”, dijo el sociólogo Humberto Belli sobre la cooperación de Venezuela, que suma 4.659,7 millones de dólares desde 2007 pero que desde 2013 ha venido cayendo gradualmente.
Sin embargo, a juicio del exministro de Educación y analista “los mejores años de Ortega ya pasaron”, porque si es reelegido no tendrá las ventajas que encontró en 2007: arcas estatales saneadas, altos precios de materias primas, cerca de 500 millones de dólares anuales de ayuda de Venezuela, y fuertes desembolsos económicos del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Las tasas de crecimientos de 5 % promedio anual “serán más difíciles de obtener en un contexto internacional incierto, que no favorece a los precios internacionales de nuestras principales exportaciones”, pronosticó por su parte el analista Arturo Cruz.
El acceso a desembolsos internacionales es otro frente abierto que deberá enfrentar un hipotético nuevo Gobierno de Ortega si prospera una iniciativa legislativa de Estados Unidos, que busca impedir esas transacciones como medida de presión para que se fortalezca la participación democrática en el país centroamericano.
La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) estimó que Nicaragua verá frenada su economía a partir de 2018 si las sanciones estadounidenses, conocidas como Nica Act, son aprobadas.
Es en ese contexto en que en un nuevo gobierno nicaragüense deberá afrontar los problemas de la pobreza y el desempleo, con tasa del 5,72 % según cifras del Gobierno, pero más del 70 % de la población en el sector informal.
Ambos asuntos están presentes en los mensajes de los seis partidos políticos y alianzas que participan en la contienda electoral, pero solo el gobernante FSLN ha mostrado un plan para combatirlos.
El mismo consiste en ampliar la infraestructura, mejorar la producción y facilitar el comercio para atraer mayores inversiones, lo que requiere una financiación de 5.229,23 millones de dólares, según el documento “Políticas y Proyectos de Desarrollo para Potenciar la Inversión 2017-2021”, revelado semanas atrás por el Gobierno.
Ese plan no incluye el controvertido proyecto del canal interoceánico que la empresa china HKND pretende construir en Nicaragua con la promesa de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) nacional y ocupar a 50.000 personas, lo que, según el Gobierno de Ortega, mantendrá el crecimiento económico del país en al menos 4 % anual
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