Fachada del Palacio de la Corte Suprema de Justicia.
WASHINGTON. La Corte Suprema de Estados Unidos debatía el miércoles un caso que podría determinar la posibilidad de demandar a un gobierno extranjero en tribunales estadounidenses, un tema delicado que podría afectar las relaciones internacionales y llevar a represalias por parte de otros gobiernos.
El máximo tribunal está considerando si una empresa petrolera de Oklahoma puede demandar a Venezuela por denuncias de haber expropiado ilegalmente 11 plataformas petroleras en el 2010.
Algunos de los magistrados parecen coincidir en que un tribunal inferior tenía autoridad para evaluar el caso, pero otros expresaron inquietudes sobre el impacto que esto tendría en naciones extranjeras ante la posibilidad de verse acusadas en la justicia norteamericana.
El juez Stephen Breyer dijo que inicialmente se inclinaba a favor de los argumentos de Venezuela de que la demanda debe ser desestimada, pero tenía dudas.
“Cambio de opinión a cada rato”, explicó.
Por lo general, un gobierno extranjero goza de inmunidad en tribunales estadounidenses. Pero una ley federal permite excepciones en casos en que la propiedad ha sido arrebatada en violación del derecho internacional.
El caso comenzó cuando el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, emitió un decreto nacionalizando las plataformas petroleras propiedad de la empresa estadounidense Helmerich & Payne International Drilling Co.
La empresa había clausurado las instalaciones debido a que la compañía petrolera venezolana dejó de pagarle más de 100 millones de dólares que le debía. Chávez en ese entonces argumentó que esa era la única manera de volver a poner en funcionamiento las plataformas.
Venezuela argumenta que debido a que las plataformas eran propiedad de una subsidiaria venezolana de Helmerich & Payne, la confiscación no violó el derecho internacional. Pero un tribunal federal de apelaciones le dio la razón a la compañía y falló el año pasado que puede ir adelante con su demanda según la cual la medida causó perjuicios a accionistas estadounidenses.
Catherine Stetson, abogada representando a Venezuela, dijo que el tribunal de apelaciones fue demasiado solícito al permitir el caso. Aseveró que el tribunal no consideró debidamente que la empresa matriz “no tiene derecho alguno” sobre las plataformas.
Se espera que habrá un fallo en el caso en junio del año entrante.
Por SAM HANANEL, Associated Pres
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