La 46ta Asamblea concluyó anoche con la Declaración de Santo Domingo 2016
SANTO DOMINGO. La Asamblea General del Cuadragésimo-Sexto Periodo Ordinario de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó la noche de este miércoles sus sesiones, celebradas en el país, en la que asume el compromiso con la implementación de la Agenda 20-30 en las Américas, la erradicación de la pobreza, la lucha contra la desigualdad; la protección del medio ambiente; la gestión del riesgo de desastres y la lucha contra el cambio climático, entre otros.
En la Declaración de Santo Domingo 2016, las ministras y ministros de relaciones exteriores y jefas y jefes de delegación de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) declararon bajo el tema “Fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible en las Américas” una serie de recomendaciones, en las que cita:
Promover el fortalecimiento y la creación, cuando corresponda, de instituciones transparentes, eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles de gobierno, que faciliten el logro de los Objetivos y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las metas del Acuerdo de París, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba.
Alentar el proceso que está llevando a cabo el Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, a efectos de promover el cumplimiento del compromiso asumido en la Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, firmada durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), realizada en Río de Janeiro, del 20 al 22 de junio de 2012.
Alentar modelos de desarrollo y crecimiento económico más inclusivos, resilientes y sostenibles, con prácticas empresariales de responsabilidad social y ambiental acordes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Impulsar en los procesos de fortalecimiento institucional, el enfoque de derechos, incluyendo el respeto a los derechos humanos y sistemas de protección y promoción social con carácter universal, equitativo y no discriminatorio para vivir bien en armonía con la naturaleza y generando las condiciones para el logro del desarrollo pleno de los individuos y que permita avanzar hacia sociedades pacíficas, justas e inclusivas para el Desarrollo Sostenible que tomen en consideración las necesidades de los grupos vulnerables.
Promover y fortalecer la formulación e implementación de políticas públicas, estrategias y acciones dirigidas a fomentar la igualdad y equidad de género; así como el empoderamiento efectivo de la mujer como condiciones necesarias para el pleno respeto de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas en todas las esferas de la vida pública y privada. Asimismo, Impulsar acciones y aunar esfuerzos en la lucha contra todas las formas y modalidades de violencia contra la mujer, incluido el feminicidio/femicidio, y la discriminación hacia las mujeres y las niñas.
Promover acciones dirigidas a garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas migrantes y sus familias, adultos mayores y otros miembros de grupos marginados y en situación de vulnerabilidad.
Impulsar los procesos de profesionalización en la Administración Pública y la formación de servidores públicos capacitados, así como el establecimiento de sistemas modernos de gestión sustentados en el mérito para el ingreso, la permanencia y desarrollo de los recursos humanos.
Impulsar y fortalecer, la gestión pública de calidad, con un enfoque en el ser humano como agente de cambio y orientado a consolidar la institucionalización, coherencia y continuidad de las políticas públicas de conformidad con los objetivos y metas consignados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y otros instrumentos internacionales relativos al desarrollo.
Promover una educación inclusiva, equitativa y de calidad como un componente vital del marco institucional necesario para el logro del desarrollo sostenible. En este sentido, fortalecer el diálogo político en materia de educación.
Promover la transparencia y rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana y el control en la gestión de los recursos de las instituciones del Estado, a través de la difusión de la información pública, y prever la adecuada organización, sistematización, y disponibilidad permanente, a los efectos de asegurar el más amplio y fácil acceso de la ciudadanía, sujeto a normas constitucionales y jurídicas, incluyendo aquellas que tienen que ver con la privacidad y la confidencialidad.
Promover el desarrollo y la aplicación de marcos jurídicos transparentes, que tengan en cuenta los intereses colectivos en favor del desarrollo sostenible.
Continuar impulsando la lucha contra la corrupción, en todas sus formas, en el sector público y privado, así como promover el gobierno abierto y la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), y su mecanismo de seguimiento; y fortalecer el desarrollo, en los Estados Miembros de mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción y la impunidad, como imperativo de los Estados para alcanzar una vida decente, digna y plena.
Ponemos de relieve que la financiación pública internacional es un complemento fundamental de los esfuerzos que realizan los países para movilizar recursos públicos a nivel interno, especialmente en los países más pobres y vulnerables con recursos internos limitados. Un importante papel de la financiación pública internacional, incluida la asistencia oficial para el desarrollo, es catalizar la movilización de recursos adicionales de otras fuentes, tanto públicas como privadas. Los proveedores de asistencia oficial para el desarrollo reafirman sus compromisos respectivos, incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar el objetivo de destinar el 0,7% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países en desarrollo y entre un 0,15% y un 0,2% de su ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países menos adelantados.
Reforzar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y otros actores sociales en foros regionales como la OEA, con el ánimo de fortalecer el intercambio de experiencias y promover su articulación con los gobiernos de la región.
Impulsar el potencial del sector privado, las alianzas público-privadas y de los mecanismos especializados de inversión y financiamiento para el desarrollo e integración existentes en la región para la creación de sinergias que viabilicen el logro de los Objetivos y las metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Apoyar los diversos procesos de reforma encaminados a mejorar y fortalecer el funcionamiento efectivo del sistema financiero internacional y su arquitectura y promover un diálogo interamericano para atender las dificultades considerables para alcanzar el desarrollo sostenible a los que se enfrentan los países en desarrollo, incluyendo las dificultades de acceso a la asistencia oficial al desarrollo y el hecho de que algunos países no pueden tener acceso a financiamiento suficiente y asequible de otras fuentes para satisfacer sus necesidades, reconociendo que todos los países en desarrollo, incluyendo los países de renta media y países en situaciones especiales, continúan enfrentando desafíos en cuanto al desarrollo sostenible. Alentar a las instituciones financieras internacionales que desempeñan un papel importante en el financiamiento del desarrollo a que analicen formas de integrar los objetivos del desarrollo sostenible, metas e indicadores en los procesos de toma de decisiones sobre la asistencia al desarrollo y financiamiento y que promuevan intercambios con todas las partes interesadas pertinentes para mejorar la multidimensionalidad de sus indicadores utilizados para describir el nivel de desarrollo de un país.
Instar a los países desarrollados a cumplir con los compromisos de proporcionar recursos financieros en materia de cambio climático, en particular mediante la capitalización del Fondo Verde para el Clima y otras fuentes alternativas, a fin de atender las necesidades de desarrollo de nuestra región respecto a la adopción de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático.
Consolidar la solidaridad regional para implementar programas a través de mecanismos financieros alternativos, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Fomentar así mismo, un acceso equitativo y universal a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y a Internet de banda ancha en los países de las Américas, particularmente en países que requieran de tránsito por terceros para conectarse a la red de fibra óptica internacional, promoviendo el uso eficiente de los recursos disponibles de los fondos de servicios universales, cuando corresponda.
Sensibilizar y educar a la población, en particular a los niños, niñas y adolescentes, sobre los desafíos que enfrenta el continente americano en relación con los compromisos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Reconocer la centralidad del Sistema de las Naciones Unidas, sus agencias, fondos y programas; así como sus foros pertinentes, como una pieza clave del sistema internacional para el apoyo a los Estados Miembros en la implementación de los objetivos de la Agenda 20-30, y el papel de los componentes apropiados de ese sistema para el seguimiento de la referida implementación, en aras de evitar la duplicación por distintas organizaciones. Adicionalmente, los Estados Miembros de la OEA revitalizarán la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible.
Apoyar los esfuerzos de los pequeños estados insulares en desarrollo y de los países en desarrollo sin litoral en las acciones orientadas a mitigar el impacto de los desastres, el cambio climático y las epidemias, los cuales constituyen desafíos continuos para alcanzar el desarrollo sostenible.
Impulsar y apoyar acciones y programas interamericanos orientados al fortalecimiento de las instituciones y la construcción de capacidades nacionales, especialmente de los países en desarrollo y en particular los países menos desarrollados (LDCs, siglas en inglés) y los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID’s), a fin de articular los esfuerzos de la región hacia la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
