PANAMÁ. La Contraloría General de Panamá indicó ayer que 5 proyectos ejecutados por Odebrecht y adjudicados en 2011, durante el Gobierno del expresidente Ricardo Martinelli, tuvieron unos sobrecostes de 318,4 millones de dólares.
Las obras, denunció la Contraloría, “nacieron con sobreprecios desde su origen en el Ministerio de Obras Públicas (MOP)” y deberían haber costado 1.412,5 millones de dólares en vez de los 1.730,9 millones que se pagó por ellas.
“Los precios de referencias que fueron establecidos por el MOP se encontraban por encima de la realidad de los precios que estima la industria para el mercado de la construcción de infraestructuras para el sector público”, apuntó el ente fiscalizador en un comunicado.
Entre los proyectos cuestionados se encuentran el tercer tramo del paseo marítimo de la capital, la restauración de varios edificios históricos y la ampliación de tres carreteras.
El proyecto denominado Preservación del Patrimonio Histórico de la Ciudad de Panamá tuvo unos sobrecostes de 51,5 millones de dólares, mientras que el sobreprecio de la obra de Mejoramiento y Ensanche de la Avenida Domingo Díaz fue de 47,4 millones.
Los tramos I y II del Corredor Vía Brasil costaron 70,6 y 41,8 millones de dólares más de lo que deberían, respectivamente, según las auditorías reveladas este miércoles.
La conocida como Cinta Costera 3, uno de los proyectos más emblemáticos de la ciudad pero también más cuestionados por la opinión pública, costó 782 millones de dólares cuando se debería haber pagado por él 675 millones (107,1 millones de diferencia), de acuerdo al informe.
Los cinco proyectos fueron licitados el mismo día, el 11 de febrero de 2011, y adjudicados el 29 de marzo de 2011, una práctica poco habitual en Panamá.
La Contraloría, que se encuentra revisando otros proyectos de la constructora brasileña, entregó hoy al Ministerio Público los resultados de estas cinco primeras auditorías, que se iniciaron el pasado 14 de febrero y se realizaron con la colaboración de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, entre otros organismos.
“Corresponde al Ministerio Público continuar con las investigaciones que correspondan y adoptar las medidas encaminadas a determinar las responsabilidades penales que de estos hechos se deriven”, añadió.
Odebrecht es la principal contratista del Estado panameño y, desde que llegó al país en 2007, ha ejecutado proyectos de infraestructura que superan los 9.000 millones de dólares, entre los que también se encuentran la primera y segunda línea de metro.
En Panamá, la Fiscalía adelanta seis investigaciones en torno a Odebrecht con al menos 17 imputados, entre ellos dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, sobre los que pesa una orden de búsqueda y captura internacional.
El Ministerio Público acusa a ambos hermanos de haber recibido al menos 22 millones de dólares de la constructora y ordenó la aprehensión de varios de sus bienes, entre ellos 2 cuentas bancarias en Suiza, una cuenta y un apartamento de lujo en España y un helicóptero en México.
La trama de corrupción de Odebrecht se investiga también en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Portugal, Perú, República Dominicana, Venezuela y Brasil.
La dimensión internacional del escándalo se conoció a finales de 2016 cuando el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que la multinacional admitió haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en doce países de Latinoamérica y África, 59 millones de los cuales fueron pagados en Panamá durante el Gobierno de Martinelli (2009-2014).
